TEPJF ORDENA REMOCIÓN DE CONSEJEROS ELECTORALES DE CHIAPAS

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Redacción.

Tlaxcala, Tlax., 12 de mayo de 2016.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejó en firme la remoción de tres consejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y le ordenó emitir un nuevo acuerdo para remover a todos los consejeros electorales, ya que se acreditó que sus conductas trastocaron el orden jurídico e incumplieron el principio de paridad de género y el procedimiento para la emisión del voto de chiapanecos residentes en el extranjero.

Al resolver el recurso SUP-RAP-118/2016 y acumulados, la Magistrada y Magistrados establecieron que los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral local aprobaron las listas de candidaturas presentadas por los partidos políticos en el proceso electoral 2014-2015, a pesar de que éstas incumplían con los principios de paridad vertical y horizontal, inobservando el artículo 41 de la Constitución federal.

En sesión pública, la Sala Superior estableció que la conducta de los consejeros electorales estatales, al ser grave, actualiza el supuesto normativo que tiene por consecuencia la remoción del cargo.

El magistrado Manuel González Oropeza indicó que se ha avanzado en los principios constitucionales en materia electoral y uno de los más representativos se refiere a la paridad de género, por lo que se deben respetar las normas y jurisprudencias emitidas. “Hemos estado esforzándonos en lograr una paridad y con la mayor o menor colaboración de los partidos la tenemos que lograr y sólo las autoridades electorales lo podemos hacer”.

Por su parte, el magistrado Pedro Esteban Penagos López dijo que no había sustento al dicho del Organismo Público Local Electoral (OPLE), en el sentido de que desconocía la jurisprudencia emitida por la Sala Superior, en la cual se establece que los partidos y candidatos deben cumplir con la paridad de género. “A través de acuerdos o circulares, emitidas en febrero, marzo y abril, se hizo del conocimiento de los partidos que debían cumplir con el principio de paridad”, puntualizó.

“Los acuerdos hacen evidente que los consejeros conocían la obligación de registrar, en el proceso electoral 2014-2015, listados que cumplieran con el principio de paridad de género; sin embargo, del 9 al 15 de junio se aprobó el registro de las candidaturas presentadas por los partidos, en donde se incumplía con el requisito de paridad de género. Por ello queda evidenciada la negligencia, el descuido, el desconocimiento. Se evidencia la gravedad”, indicó.

La magistrada María del Carmen Alanis Figueroa acompañó en sus términos la propuesta presentada por el Magistrado Presidente, porque las y los consejeros integrantes del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, incurrieron en violaciones graves a la normativa electoral que colmaron el supuesto de remoción previsto en el artículo 102, párrafo 2, inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al actuar con notoria negligencia y descuido en el desempeño de sus actividades.

La juzgadora señaló que se pone en evidencia las omisiones y el actuar negligente con que se condujeron todos los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Chiapas, y no sólo las tres personas que, en los términos del acuerdo impugnado, fueron removidas del cargo de consejeras y consejero electoral y que por medio del proyecto se confirma su destitución.

En tanto, el magistrado Salvador Nava Gomar dijo que es lamentable la remoción de los consejeros, “una remoción siempre es penosa, grave y un fracaso del funcionamiento y el diseño orgánico del Estado. Qué pena que sea en un órgano”.

“Se tienen elementos suficientes para acreditar la gravedad y la negligencia con que se actuó. No veo elementos suficientes para deslindar a los consejeros que seguían en funciones, incluyendo a su Presidenta, de aquellos tres que fueron removidos en primera instancia”, agregó.

El magistrado presidente Constancio Carrasco Daza explicó que desde el estudio del caso, en su Ponencia llamó la atención que el OPLE se había preocupado y ocupado de preservar el principio de paridad de género desde la perspectiva reglamentaria y, en ese sentido, había emitido un acuerdo general dirigido a partidos y candidatos para preservar la paridad.

En ese contexto, del 10 al 13 de junio, periodo durante el cual se presentaron las listas, tuvieron la oportunidad para prevenir a los partidos políticos que modificaran las suyas y respetaran la paridad. Esto no sucede así y el 15 de junio sesiona la OPLE con las listas presentadas por los partidos políticos y se aprueban las solicitudes de registro, con el incumplimiento notorio de listas paritarias.

Destacó que el OPLE no instó para que hubiera una reparación de la forma en que fueron confeccionadas las listas y si bien con posterioridad se materializó la reparabilidad judicial, ello obedeció a la exigencia de tutela judicial, fundamentalmente por parte de quienes se sintieron afectados.

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