PRESUPUESTO Y BUROCRACIA, RETOS PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL: ALFONSO MUÑOZ

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Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, Tlax., 27 de agosto de 2017) Eficiencia y un efectivo acceso a la justicia por parte de los trabajadores, son los principales retos que Jesús Alfonso Muñoz Hernández, abogado laboralista, avizora para la nueva configuración del Sistema de Justicia Laboral en México.

Con más de treinta años de experiencia en atender controversias en materia laboral, tanto para empresas privadas como para organismos centralizados y autónomos, comenta “en un sentido lógico jurídico realmente sí tenía que haberse efectuado la reforma”, puesto que al final de todo conflicto siempre interviene el Poder Judicial.

“Como estaba concebida la junta local, como una autoridad colegiada; donde hay un representante del gobierno, un representante obrero y un representante patronal, realmente en su naturaleza estuvo bien diseñado, en la realidad no funcionó”.

Abunda que, salvo honrosas excepciones, ni los representantes obreros ni patronales cumplieron con la función de velar por los intereses de su sector; en la mayoría de los casos por no contar con los conocimientos, por lo que “representantes fueron reducidos a personas que se presentaban a firmar y a cobrar”.

Entonces, “¿qué sentido tiene una autoridad colegiada si realmente no cumple su función?”, cuestiona; si “al final de todo procedimiento laboral actualmente -antes de la reforma- todo conflicto laboral, individual o colectivo, termina resolviéndose o en los juzgados de distrito o de los tribunales colegiados que dependen directamente del Poder Judicial federal”.

En consecuencia, es pertinente que desde el principio hasta el final sea este órgano del Estado quien asuma esta tarea.

Agrega que, desde el punto de vista de los trabajadores, parece pertinente. “Espero que realmente trascienda en una mayor justicia laboral para la parte trabajadores, y mayor eficiencia y mayor prontitud en la resolución de los casos“; debido a que en la práctica la justicia no ha sido ni pronta ni expedita.

Ejemplo de ello, comenta Muñoz Hernández, son los caso relacionados con alguna institución del Ejecutivo; ya que la subordinación de las juntas de conciliación y arbitraje ante este poder ocasiona la parcialidad en la impartición de justicia y que el acceso a ésta sea “lento, tardado y, a veces, nulo”.

No obstante, considera un acierto que la conciliación se privilegie aún con la nueva reforma -ahora encarnada en un organismo autónomo, debido a que con ella es posible abreviar los procedimientos. En su experiencia, comenta, “los conflictos se complican, se alargan más bien por cuestión de los abogados que por cuestión de las partes”.

“Todo depende de cómo se dio la terminación del vínculo laboral, muchas veces hay emociones o sentimientos inmiscuidos, como en un divorcio. Pero ya con el tiempo se va tranquilizando”, señala.

¿Los retos para que esta nuevo entramado institucional realmente redunden en una justicia laboral pronta y efectiva? Alfonso Muñoz refiere que en un comienzo el reto será de carácter presupuestal, además de lograr que no se caiga en la burocracia, que muchas veces, afecta al Poder Judicial.

Lamentó que la reforma pudiera truncarse a falta de presupuesto, “si entra a la misma dinámica del Poder Judicial, el trámite de los asuntos civiles es muy lento o tardado, entonces lejos de beneficiar, puede perjudicar a la impartición de justicia”, puntualiza.

Manifestó que a pesar de la oralidad de los procedimientos laborales, no se ha cristalizado el objetivo de hacerlos más ágiles, a causa de presupuesto y personal. “A la hora de aterrizarlo a la práctica se enfrenta que las juntas de conciliación y arbitraje no tienen presupuesto. No tienen personal suficiente, incluso no tienen materiales, insumos, equipo”.

Por último, recalcó que hará falta poner especial atención para la forma que determinen los legisladores para elegir a los integrantes de los juzgados y del organismo autónomo; ya que no existe una modificación a los procedimientos, sino únicamente un cambio en la autoridad que tendrá como misión atender los asuntos de carácter laboral.

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