INTERVENCIÓN DE MINISTROS DE CULTO Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS PUEDEN LLEVAR A LA NULIDAD DE ELECIONES: FEPADE

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Por. S Nava.

Tlaxcala, Tlax; a 5 de abril de 2016.

Posterior a la firma del programa de trabajo, el titular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo, respondió a los medios de comunicación sobre temas de interés respecto a los delitos electorales, respecto a los ministros de culto en las elecciones comentó que “hay una prohibición muy clara en el artículo 130 de la constitución que establece el principio de separación entre las iglesia y el estado, esto obliga a que los ministro de culto no pueden hacer  proselitismo a favor o en contra de un partido político o candidato; esto ha tenido repercusiones como la nulidad de elecciones”.

“El día de hoy lo que hicimos fue firmar un convenio de colaboración con el gobierno del estado, el Tribunal Electoral del Estado de Tlaxcala y el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, para generar nuevos mecanismos que nos permitan difundir la cultura de la legalidad, la denuncia y por supuesto la posibilidad de estar más cerca para recibir denuncias sobre delito electorales”

“Tlaxcala es un estado de baja incidencia delictiva electoral, tenemos pocas denuncias, en este momento tenemos 6 carpetas de investigación ya con el nuevo sistema procesal penal acusatorio relacionadas con el proceso electoral de este año 2016”

Entre estas investigaciones se encuentran la falsificación de datos para obtener credencias de elector, denuncias de personas del ámbito de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, algunos ayuntamientos por presión a subordinados y por condicionamiento de programas sociales para la búsqueda del voto por distintos institutos políticos.

Señaló que los delitos donde se denuncia a servidores públicos están penalizados con 2 hasta 9 años de prisión y en el caso de financiamiento ilícito de campañas la pena es de 5 a 15 años de prisión. Comentó que hay un tema que les preocupa y que se ha presentado en otros estados el cual es el de violencia política de género, los cuales corresponden a los actos u omisiones que generan un menoscabo o restricción de los derechos político-electorales de las mujeres.

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